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EL FIN DEL PRIVILEGIO DEL CRÉDITO PÚBLICO CADA VEZ MÁS CERCA

 

(COMENTARIO SOBRE EL AUTO DE LA SECCIÓN 15ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DEL BARCELONA DE 17 DE JUNIO DE 2021)

La hegemonía de los créditos públicos sobre el resto parece que tiene los días contados en cuanto a la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho por las personas físicas.

Tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal el 01 de septiembre de 2020, ríos de tinta han caído acerca del empecinamiento del ejecutivo refundidor, que no del legislador, en mantener al crédito público en su integridad como no exonerable, y de esta manera frustrar las expectativas de las personas naturales de obtener su derecho a la Segunda Oportunidad pretendida por el legislador desde el año 2013 en España con más o menos fortuna.

El Auto dictado por esta Sección 15ª, la única en España junto con la 28ª de Madrid especializada en asuntos mercantiles, dinamita esa coletilla final por la que el ejecutivo, entendemos que presionado por los organismos públicos, establece en los art. 491 y 497 TRLC que se exonerarán con la conclusión del concurso los créditos ordinarios y subordinados “exceptuando los créditos de derecho público”.

El ponente magistrado, Sr. Fernández Seijo, acoge la doctrina del “ultra vires” en el exceso del ejecutivo haciendo uso de la delegación otorgada por las Cortes para la refundición de las leyes concursales y de su oportuno control por los tribunales de instancia, pero lo que es más importante, declara que es una regla consolidada en el Derecho de la Unión, que durante el plazo de trasposición de una Directiva, los Estados miembros han de abstenerse de adoptar medidas que puedan comprometer gravemente el resultado perseguido por la misma. Y hace referencia a la Sentencia del entonces TJCE, de 18 de diciembre de 1997 (Inter-Environnement Wallonie).

Esto es importante porque la Directiva 2019/1023, aplicable a los procedimientos para la exoneración de las deudas contraídas por empresarios insolventes (artículo 1.b), extrapolable a las personas físicas, establece una serie de reglas especialmente trascendentes en esta materia, obligando a los Estados a no adoptar medidas contrarias a sus fines. Esta Directiva debería estar traspuesta antes del 17 de julio de 2021, pero el Estado Español no lo ha hecho por haber solicitado una prórroga.

La Directiva, en su art. 23.4 hace una relación de créditos a los que considera no exonerables por tener una especial protección, pero si ojeamos ese artículo, no se incluyen los créditos públicos, por lo que el legislador español no debe ir en contra de lo establecido en esta Directiva.

En resumen, una resolución judicial muy esperada y que tenía muchas dudas en cuanto a decantarse hacia un lado u otro, principalmente por el tenor literal de la norma concursal española, pero que esta Sección, valiente y progresista en estos temas como lo ha sido siempre, ha resuelto en favor de las personas que han llegado a una situación de insolvencia por fracasos empresariales u otras vicisitudes, y a los que a día de hoy les resulta más cercano su Derecho a una Segunda Oportunidad.

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Pinche en la Sentencia para su descarga. AP BARCELONA JUNIO 2021 EXONERA CREDITO PUBLICO

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